Tras la masiva marcha del mes de abril llevado a cabo por los estudiantes y maestros universitarios, el Gobierno definió y aprobó aumentos del 270% en gastos de funcionamiento y del 300% para los hospitales. Así el Consejo Superior de la UBA (Universidad de Buenos Aires) suspendió la emergencia presupuestaria declarada el pasado 10 de abril.
Aclarando que el financiamiento es solo para la UBA, el resto de las universidades nacionales advirtieron que no resolvieron el problema de las otras 60 Instituciones de Educación Superior Estatales que se movilizaron en todo el país el día de la marcha. En las dos resoluciones que dio la Secretaría de Educación y homologadas por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el Ministerio de Capital Humano otorgó refuerzos por 26.016 millones de pesos para gastos de funcionamiento y de 35.436 millones de pesos.
Desde la universidad resaltan que los fondos garantizados por el Gobierno están destinados al uso exclusivo del funcionamiento operativo de la institución y la preocupación continúa por las cuestiones salariales, investigación e infraestructura. Además, explicaron que las nuevas resoluciones implican la actualización de los gastos de funcionamiento del 270% interanual a comparación del 2023, y del 300% para los hospitales universitarios y las áreas vinculadas con asistencia de salud. El consejo de salud señaló lo siguiente: “Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”, declararon desde el consejo, por esa razón la universidad decidió suspender la emergencia presupuestaria.
Sin embargo, desde la UBA sostuvieron el “estado de alerta y profunda preocupación en materia de recomposición salarial” y enfatizaron la necesidad de “arribar a un pronto acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los representantes sindicales de las Universidades Nacionales” para la reincorporación de docentes y no docentes. Además reclaman las partidas restantes aún no actualizadas y discontinuas desde el área de ciencia y tecnología.
En el Congreso de la Nación hay varios proyectos de ley para garantizar el presupuesto de las universidades. Desde el Consejo Superior de la UBA apoyaron la sanción de una Ley de Financiamiento Universitario que establezca parámetros objetivos en la distribución del presupuesto de las universidades nacionales, así como también un criterio de actualización que permita mantener año a año, y a lo largo del mismo, el poder adquisitivo de las asignaciones presupuestarias realizadas.
El reclamo de las universidades viene desde principios de este año, pidiendo una actualización acorde con la inflación. Según el presupuesto de 2024, las universidades estatales y sus instituciones de salud tenían asignados $1.385.290 millones (1,3 billones), el mismo monto que en 2023, a pesar de la inflación. El 26 de marzo hubo una ampliación presupuestaria de $30.629 millones, apenas el 2,21%. En abril, antes de la marcha, hubo un segundo aumento del 70% pero solo para los gastos del funcionamiento: el presupuesto vigente pasó a $1.440.397 millones (1,4 billones), o sea, apenas un 4,1% más.
De acuerdo con un análisis realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ), considerando la perspectiva de la inflación para el 2024, esa última ampliación implicó que el presupuesto asignado al programa de desarrollo de la educación superior equivaliera a un 71% menos que el 2023. El cálculo que hacen desde la ACIJ es la de considerar una inflación proyectada por el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) para este 2024, la cual se estima que sea de un 189%, lo que arrojaría un índice del 265%.
Por Fabrizio Turri