Para poner un poco de contexto, Héctor Marchi fue desplazado de su cargo luego de 15 años de trabajo. La decisión fue puesta a votación y Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Juan Carlos Maqueda decidieron expulsarlo, mientras que el miembro restante, Ricardo Lorenzetti, no estuvo a favor de esta medida.
Lorenzetti criticó esta decisión y atribuyó a que su desplazamiento estaba relacionado con un informe sobre los movimientos de la obra social de trabajadores judiciales. Este informe, escrito por el propio Marchi, trata sobre una serie de auditorías en las que se detallan irregularidades millonarias por parte de la OSPJN (Obra Social del Poder Judicial de la Nación). Estas irregularidades van desde pérdidas de 3.000 millones de pesos en 2022, 30.000 medicamentos desaparecidos y compras directas, entre otras razones.
Ante estas acusaciones, la presidenta de la comisión Carolina Gaillard exclamó que “vemos mucha gravedad en lo que dice Lorenzetti porque muestra que Marchi nos iba a enviar información muy importante”, afirmando que es un escándalo gravísimo las irregularidades descubiertas en la Comisión de Juicio Político y que no descarta citar a declarar en un futuro cercano a Ricardo Lorenzetti.
Cuando fue momento de declarar, Marchi apuntó principalmente contra Maqueda: “El doctor Maqueda no sólo supervisaba, sino que estaba al tanto de todos los actos que se llevaban a cabo, cualquier movimiento en la obra social debía ser autorizado por él. Así era porque era el encargado de la obra social”.
Luego de apuntar contra Maqueda cargó contra Silvio Robles, mano derecha y asesor principal del actual titular de la Corte Horacio Rosatti, acusándolo de ser el principal responsable de las operaciones de prensa, las amenazas y los seguimientos. “Nuestro traslado fue una sanción encubierta, que incluyó a todas las personas que trabajamos en la auditoría de la obra social. Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas también contra funcionarios que han colaborado conmigo, en la auditoría lo que hicimos fue solamente detectar todas las falencias de una obra social en todos los sentidos, para mejorarla para 100.000 afiliados que se merecen un mejor servicio de salud”, explicó Marchi, dando a entender que pese a sus buenas acciones, había gente como Rosatti y Robles que solo les interesan sus propios bolsillos.
Marchi también explica que había preparado cuatro informes y que de todos estos solo uno pudo ver la luz y llegar a ser público, mientras que los otros tres no solo que no pudieron darse a conocer, sino que tuvo toda una serie de adversidades y dificultades para poder entregarlos, sobre todo el cuarto informe que hablaba de la gestión actual y apuntaba mayoritariamente contra el director Mariano Althabe, elegido personalmente por Rosatti. También aclara que Silvio Robles escondió ese cuarto informe y que al ver que contenía información sobre las irregularidades fue cuando comenzó a recibir amenazas por parte de este último.
Marchi no fue el único directivo citado a declarar, la comisión citó también al exdirector de la obra social Aldo Tonon, al docente de la UBA Gustavo Montanini, al secretario de la Corte Sebastian Clerici, al prosecretario Enrique de Vedia, así como también al médico Enzo Canónaco y a Valeria Díaz y Laura Ambrosio, ambas afiliadas a la obra social de los judiciales. Entre estos, el testimonio de Enrique de Vedia fueron importantes, ya que el prosecretario detalló: “La obra social funcionaba como un organismo con autonomía de gestión, individualidad administrativa y financiera, que funciona bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para realizar el informe de auditoría de la obra social armamos una comisión interdisciplinaria en la que elaboramos un plan de trabajo y nos dividimos las tareas de recopilación y análisis”.
Esta se trató de la más fructífera de las siete audiencias de testigos convocados por la Comisión de Juicio Político en la que se investiga si los jueces accionaron con un mal desempeño de sus funciones y si hay una posible comisión de delito.
Franco De Cicco