A raíz de la nueva variante delta de coronavirus y el aumento del número de fallecidos que ya llegó a más de 90.000, el Gobierno decidió mediante una decisión administrativa en el Boletín Oficial, prorrogar el cierre de fronteras al turismo hasta el próximo 9 de julio. El cupo máximo de ingreso será únicamente de 600 personas y para aquellos ciudadanos argentinos que actualmente se encuentren en el exterior. Esta nueva disposición tuvo el aval y firma del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los ministros del Interior y Salud, Eduardo de Pedro y Carla Vizzotti.
El principal objetivo es disminuir el riesgo de contagios e impedir o retrasar en su defecto la circulación de la variante delta, de la cual hoy por hoy no se registra una circulación comunitaria. «En el actual contexto epidemiológico, el riesgo de introducción de nuevas variantes, aún más transmisibles, podría generar un aumento brusco y elevado de casos, lo que llevaría indefectiblemente a una mayor mortalidad», son algunas de las palabras que utiliza la nueva disposición.
A lo largo de estos primeros días de esta restricción, aterrizaron solo tres vuelos internacionales provenientes Miami, Barcelona y Bogotá y en Ezeiza. Aerolíneas Argentinas por ejemplo, canceló 59 de los 90 vuelos que tenía programados hasta el 11 de julio. Y el presidente de la Nación Alberto Fernández también postergó su viaje a París para participar en el Foro Generación Igualdad, respetando las medidas aéreas impuestas por su Gobierno.
En contraposición, hubo algunas quejas sobre este cierre. La Cámara de Compañías Aéreas en Argentina manifestó que las nuevas medidas suponen un “virtual cierre de fronteras” y afectan a las compañías que operan en el país, y también a los turistas extranjeros desde hace más de medio año. Algo similar ocurrió con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que pidió una reunión con el gobierno ya que las disposiciones “obligan a las aerolíneas a dejar en el extranjero a miles de pasajeros, principalmente ciudadanos y residentes argentinos, sin que ellos tengan la culpa”, tal cual lo dijo Peter Cerdá, vicepresidente de la compañía en América.
Antes de irse del país, los pasajeros firman una declaración jurada en el que aceptan y asumen las “consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas” de su salida y del eventual reingreso en el mismo, cómo también el pago de un hisopado de Covid a su llegada al aeropuerto y de su estadía en algún hotel alojamiento, en caso de dar positivo el resultado, que es designado por el Gobierno.
Pero la nueva disposición exige algunas pautas para el ingreso al país. Aquellos que regresen del exterior entre el 1 de julio y el 31 de agosto, estarán obligados a aislarse durante 10 días en los lugares que determine los distintos gobiernos provinciales. Y aquellos lugares de alojamiento serán costeados por cada pasajero, que deberá declarar acerca de los lugares donde estuvo los 14 días previos al viaje.
Además, los pasajeros deben realizarse un testeo previo antes de subirse al avión rumbo a Argentina y también uno al llegar al país, para luego cumplir con el aislamiento. Aquellos que no sean residentes argentinos y vengan por cuestiones laborales de carácter esencial, estarán obligados a realizar una cuarentena. Por lo cual no están excluidos de la medida.
El documento también hace referencia a los tripulantes y transportistas. En traslados terrestres, los viajeros deben contar con el testeo de Covid, que tendrá una validez de 7 días. En buques, los ciudadanos residentes de países extranjeros tienen que permanecer embarcados y no contar con relevos, mientras que los que si son nacionales solamente un testeo de antígenos dentro de las 72 horas de ingreso es necesario.
Tomas Modini