Con el fin de bajar la pobreza (actualmente del 30,3%), Mauricio Macri presentó su proyecto ante gobernadores, empresarios, legisladores, jueces, sindicalistas y rectores de universidades, basado en tres ejes: fiscal, laboral e institucional. Respecto al primer ítem, el presidente reclamó un mayor ajuste en las cuentas de los gobernadores: “durante mucho tiempo, los argentinos no hemos podido manejar el equilibrio de nuestras cuentas públicas, no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Debemos acordar un camino entre nación y provincias. Esto no es negociable”, sentenció.
Respecto al eje laboral, el mandatario aseguró que “vamos a seguir combatiendo los excesos en la litigiosidad laboral. La mafia de los juicios laborales afecta la generación del empleo”. Aunque, los índices demuestran que el problema no está en la generación de empleo, sino en la eliminación de puestos de trabajos ya existentes: un informe realizado en el mes de julio por el Centro de Economía Política Argentina afirma que, sólo durante el 2017, se registraron más de 22 mil despidos; del sector privado se registraron más de 20 mil (de las cuales el 70% se concentran en la industria). El desempleo en la Argentina hoy es de 8,7% y afecta a más de un millón de personas.
En su último eje, Macri habló del “fortalecimiento institucional” en el que le pidió a las provincias «compromiso por la transparencia». También agregó que “hay que ser respetuosos con el poder judicial” y aclaró que “las reformas exigen que cada uno tiene que ceder un poco”. El mandatario afirmó que desde su equipo quieren “acabar con los privilegios que salvan a unos pocos, mientras tantos argentinos padecen la pobreza y desigualdad”, lo que quedó resonando en varios oídos teniendo en cuenta el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) en el que el presidente habilitó a sus familiares a ingresar al blanqueo y pensando también en la quita de impuestos al sector rural, a las mineras y a los autos de alta gama, entre otros beneficios otorgados.
Para finalizar, habló a los rectores de las universidades públicas; se quejó del aumento en la cantidad de docentes y personal de otras áreas, consideró que las facultades deben asignar de “manera más eficiente sus recursos” y pidió que contribuyan a la “reducción del gasto público”.
Lucía Eva Buzzano