El próximo miércoles, el oficialismo y la oposición se juegan todas sus cartas para asegurarse los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Esta ley, que propone ajustes adicionales en las jubilaciones para compensar la inflación, se ha convertido en un debate político y esta sesión determinará si el veto presidencial será anulado y la ley será aprobada, o si se mantendrá la denegación presidencial.
El oficialismo, liderado por La Libertad Avanza (LLA), junto con el PRO y el MID, irán en defensa del veto, pero para garantizar el rechazo de la ley y mantener el veto presidencial, el oficialismo necesita asegurar al menos 86 votos en la cámara. La estrategia que proponen incluye no solo sumar votos propios, sino también trabajar para “bajar diputados” de la oposición. Esto implica negociar con gobernadores y diputados de distintos bloques, especialmente aquellos del radicalismo y del bloque de Innovación Federal, para reducir el número de opositores presentes en la sesión.
El Gobierno está centrando sus esfuerzos en negociar con gobernadores y diputados de bloques opositores. En particular con el bloque de Innovación Federal, compuesto por ocho diputados vinculados a gobernadores de diversas provincias, que se encuentra en una posición clave. Estos diputados tienen intereses específicos relacionados con el Presupuesto y la asignación de recursos para sus provincias, lo que les otorga un poder significativo en la votación.
Para abrir la sesión, se requiere un quórum mínimo de 129 legisladores, y para aprobar la ley se necesitará replicar la mayoría de dos tercios entre los presentes. Si la oposición no logra el número suficiente en el primer intento, es probable que intente emplazar a las comisiones para dictaminar en un plazo razonable.
La reforma de ley jubilatoria busca otorgar un 8,1% adicional en jubilaciones para compensar la inflación de enero, dado que el ajuste anterior del 12,5% no fue suficiente frente al 20,6% del IPC de ese mes. El proyecto también establece un aumento anual en marzo, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Además, la ley contempla un mecanismo para saldar deudas con las cajas previsionales utilizando impuestos específicos para ANSES y el pago de sentencias firmes dentro de los seis meses, con una posible prórroga de seis meses.
El Gobierno ha argumentado que la aplicación de la ley generaría un gasto adicional de 6 billones de pesos en 2024 y 15 billones en 2025, lo que representaría un incremento del 1,02% del PBI en 2024 y del 1,64% en 2025. También señalaron que, si se aplicara la ley, implicaría un aumento del 18,5% en el gasto de ANSES para 2024 y del 29,2% para 2025.
Recordemos que el gobierno sacó un comunicado con la decisión del Poder Ejecutivo de vetar el proyecto. “En un acto de populismo demagógico, se sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, expresó la oficina del Presidente.
Para revertir el rechazo presidencial, la oposición necesitará 171 votos, aunque también podría lograr su objetivo con menos, tomando en cuenta que muy probablemente habrá ausentes en la sesión. Como el veto de la ley jubilatoria fue total, el trámite es el ordinario, con giros a las mismas comisiones por las que pasó el tema por primera vez en la cámara de origen (Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda).
El as bajo la manga, sin embargo, es la presión social. «La calle es una olla de presión. Esto es un tema sensible, Macri se empezó a caer cuando tocó las jubilaciones», deslizan en las filas del peronismo, en donde advierten que «son pocos los que quieren poner la carita para sacarle a los jubilados». Especulan con que la movilización que las organizaciones sociales y las centrales sindicales están organizando para el miércoles servirá para evitar que algunas voluntades se tuerzan.
En la votación de junio, la oposición logró conseguir los dos tercios con 160 votos a favor, dado que las ausencias jugaron a su favor. El desafío, ahora, es replicar los números de esa votación y jugar con las ausencias y abstenciones de quienes resulte imposible convencer. Mientras que el oficialismo irá a por todas para defender el veto del Presidente de la Nación.
Oliva Antonella Abril.