El fiscal Carlos Rívolo pidió que se cierre la instrucción del caso que investigó el atentado contra Cristina Kirchner y que envíen a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo a juicio oral, Todos son acusados de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la premeditación.
El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que no hay elementos que apoyen la idea de un vínculo o financiamiento político detrás del ataque.
En diciembre de 2022, la jueza María Eugenia Capuchetti procesó a Nicolás Gabriel Carrizo como partícipe secundario del delito de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y la premeditación, en grado de tentativa.
.Dicha resolución se dio a conocer poco después de que la jueza procesara a Sabag Montiel y Uliarte, por diseñar y llevar a cabo un “plan criminal” para “asesinar a Cristina Fernández de Kirchner”. La pareja quedó procesada al ser coautores de “homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa”.
Debido a que no hubo apelaciones sobre estos dos últimos procesamientos, los mismos quedaron firmes y en condiciones de avanzar hacia la siguiente instancia: su elevación a juicio. Con el correr de estos meses, Cristina buscó apartar a la jueza en dos oportunidades y hasta tanto no se resuelvan esos planteos, el juzgado no dio por clausurada la investigación.
Pero la Cámara Federal porteña, que controla el trabajo de los jueces federales de instrucción, ha solicitado que se avance hacia la próxima instancia, al entender que la instrucción estaba concluida respecto a los responsables del ataque contra la vicepresidente de la república y que también, los tres responsables están detenidos.
Dentro de ese contexto, se requirió la opinión del fiscal. En su dictamen de 197 páginas se analizó toda la prueba reunida, concluyendo que el caso tiene que elevarse a juicio oral y público. Al momento de analizar el cuadro de situación, se ha considerado terminada la etapa de investigación que está concentrada en los tres jóvenes detenidos y procesados: Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo. El fiscal interpretó que no hay elementos para atribuir a un espacio político la financiación del ataque, en contradicción del planteo de la vicepresidente respecto a que debe investigarse un móvil político en este caso específico.
«Toda la información analizada, incluida la de la Procuraduría de Lavado de Activos (PROCELAC) da cuenta que los nombrados no recibieron durante los dos años previos al atentado ninguna suma de dinero que hiciera presumir que hubiesen sido financiados para llevar adelante un hecho como el aquí investigado», se ha indicado en el pedido de elevación a juicio.
En múltiples ocasiones, la defensa de Cristina fue insistente en la intencionalidad política del atentado, señalando que debe investigar a “quienes estaban detrás de los atacantes” financiando el atentado. La justicia no vio ninguna prueba que respalde dicho criterio. Al no aceptar cualquier financiamiento externo -desde un sector político opositor- para que se concrete el ataque, el fiscal siguió explicando: “Todas las transferencias e ingresos analizados guardan absoluta correlación con las actividades informales que los nombrados realizaban para subsistir”.
Por la misma línea, Rívolo indicó que toda la prueba que se incorporó al caso “impide considerar que haya existido una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado”.
Sin desconocimiento alguno de la “indudable conmoción política que generó el intento de asesinato de una vicepresidenta de la Nación, hecho de enorme gravedad institucional”, señala la fiscalía, “de todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso”.
El fiscal agregó que “tampoco se han hallado elementos relevantes en los entrecruzamientos telefónicos, ni en la geolocalización de los dispositivos y, como vimos en detalle, tampoco en sus movimientos financieros”.
Por tal motivo es que aclaró que la actividad desplegada por Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, “para llevar a cabo el ataque no requirió -producto de sus características- de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios”.
Alan Gómez Kerekes