Desde hace muchos años, las investigaciones hacia Cristina Fernández de Kirchner provocaron que haya sido condenada en alguna de las causas que le fueron iniciadas por corrupción. En esta ocasión, los magistrados que la investigaron fueron hackeados y espiados.
En total fueron nueve entre Ministros, camaristas, jueces y un fiscal los encargados de formar parte de las investigaciones. Se trata de los ministros de la Corte Suprema: Horacio Rossati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti; los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky; los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y el fiscal Ignacio Mahiques.
La causa avanzó y se aproxima la oportunidad de identificar quien está detrás de los espionajes, y deberá dar explicaciones a la justicia. Lo que se sabe con certeza, es que las tareas de inteligencia se llevaron adelante desde Misiones, que tiene como coincidencia ser la provincia cuna de muchos agentes que trabajan o trabajaron para el kirchnerismo y la AFI (Agencia Federal de Inteligencia).
En Misiones se habilitaron nuevas líneas telefónicas a nombre de los magistrados mencionados. Horacio Rossati tenía cinco líneas abiertas a su nombre y además, se confirmó que con un dispositivo ligado a las cinco líneas de Rossati, le abrieron una a Rosenkrantz. Un dato curioso, es que las líneas a nombre de Rossati fueron abiertas un día antes de que la Corte Suprema de Justicia falle en la causa de la coparticipación federal. Un proceso que el Gobierno de la Nación la señaló como perjudicial para la presidencia de Alberto Fernández.
Desde el momento en que se detectó la existencia de líneas inventadas a nombre de los magistrados, se activo un estado de alerta. La situación generó que secretarios y funcionarios judiciales se comunicaran con las empresas de telefonía para corroborar que no les haya ocurrido lo mismo que a sus colegas.
La Corte se manifestó al respecto del tema y contó: “Se trata de una intimidación a los jueces y de una usurpación a la identidad. La intención era generar llamadas políticamente impropias, chats falsos o realizar desde el teléfono operaciones financieras ilegales o directamente cometer delitos para perjudicar a los magistrados”.
La Dajudeco es la organización encargada de realizar los análisis de las comunicaciones generadas, y presentar dos informes sobre el tema. La menionada entidad está a punto de presentar un tercer informe en el que intentarán dar respuestas para saber que dispositivos utilizaron estas líneas y que actividades realizaron. Además que aplicaciones se usaron, para qué y en que grupos de chats.
No es la primera vez que ocurre algo similar. Tampoco llama la atención que sea desde Misiones. En noviembre del año pasado, la bomba estalló cuando se descubrió que los teléfonos de los exministros de Seguridad porteños Marcelo D’Alessandro y Diego Santilli y los de los jueces que condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad: Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, fueron básicamente clonados.
En esa misma historia también estuvieron involucrados los jueces de la Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y el fiscal Ignacio Mahiques, coautor junto con Gerardo Pollicita de la investigación contra Cristina Kirchner y sus hijos en el caso Hotesur. El apellido de Mahiques aparece en escena nuevamente.
En todos estos casos actuó el hacker misionero Elías Ezequiel Nuñez Pinheiro, de 22 años, quien admitió ante la Justicia que le encomendaron realizar un SIM swap. Esto implica duplicar la tarjeta SIM del móvil y, a través de ella, robarles la identidad. Cuando se duplica una tarjeta SIM, deja de funcionar la línea original y todas las llamadas, mensajes y línea de datos pasan al duplicado.
En este marco, en nuestro país y pese a las múltiples denuncias de todos los sectores políticos, aún no hay presos por causas políticas de este perfil.
Lucas Lescano