La última semana en Uruguay todos los ojos estuvieron puestos en Alejandro Astesiano. Jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou desde el año 1999. El mismo fue detenido a raíz de la red criminal, y recientemente se descubrió que actuaba desde su oficina en la sede de gobierno ubicada en Montevideo; desde donde realizaban los hechos en conjunto con funcionarios y otros imputados, como el escribano encargado de gestionar las partidas de nacimiento (Álvaro Fernández) y dos rusos que ejercían como reclutadores.
El operativo consistía en el reclutamiento de rusos para otorgarles la ciudadanía uruguaya, de la que se supone cobrarían aproximadamente unos 10.000 usd por cada una. Luego, la banda de Astesiano se encargaba de inscribirlos en el Registro Civil, permitiéndole acceder a una cédula y pasaporte por ser «hijos o nietos de uruguayos».
Por este motivo, Lacalle Pou brindó una conferencia de prensa en la que aseguró estar “sorprendido” por la situación y afirmó desconocer la existencia de antecedentes penales por parte de Astesiano. Denunciando así, una ocultación de documentos, que radican desde al año 2003 cuando comenzaron las acusaciones por hurto, estafa, apropiación indebida y daño.
El Ministerio del Interior decidió tomar cartas en el asunto y dispuso una investigación de urgencia en la Dirección Nacional de Policía Científica para establecer quién o quiénes alteraron dicha información.
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