En julio de este año pareció que había nuevas -y buenas- noticias para aquellas personas que alquilan en Argentina. Es que, ni más ni menos, desde el Gobierno Nacional se había aprobado la Ley de Alquileres con el objetivo de regular los elevados costos que manejaban las inmobiliarias a la hora de definir un contrato, extender a tres años la vigencia del alquiler, y delimitar qué impuestos pagaría el inquilino y cuáles el propietario.
La ley fue festejada por miles de ciudadanos que lucharon -y luchan- con las adversidades a la hora de abonar su cuota mensual, comisiones, expensas e impuestos municipales. Pero, no todo salió según lo que se esperaba. Desde el Senado de la Nación se prometió regular los montos y aumentos en los contratos según un índice que el Banco Central proporcionaría anualmente acorde al reporte de precios al consumidor y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables; y desde la Administración Federal de Ingresos Públicos, registrarían todos los contratos para que no se produzcan desvíos. Si bien el indice de la entidad bancaria se dará en julio del año próximo, el control por parte de la AFIP en el alta de convenios no se estuvo cumpliendo ya que los inquilinos han denunciado maniobras que los obligan a firmar acuerdos irregulares que se rigen bajo la ley anterior. Además, se reportaron casos en que las inmobiliarias pretenden simular el contrato de una vivienda por el de un local comercial para que no sea abarcado por la misma.
Por su parte, el mercado inmobiliario informó que a partir de este decreto aumentaron los valores en los contratos y que disminuyó mucho la oferta ya que hay condiciones que los propietarios no están dispuestos a aceptar como, por ejemplo, el hecho de abonar las expensas extraordinarias y el impuesto municipal. También, comentaron que los dueños de los inmuebles están especulando con la situación actual del país, para saber si les conviene seguir alquilando la propiedad o no. Sostienen que esta nueva norma no detiene las irregularidades, sino que solo los saca del “juego comercial”.
Fernando Muñoz, representante de la comisión de inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, habló con el medio digital “Infobae” con respecto a estos inconvenientes y dijo: “Estamos recibiendo bastantes denuncias por incumplimientos. Las causas que más aparecen son contratos con fechas anteriores a la ley o contratos con plazos inferiores a tres años, que son ilegales. También por cobro de comisiones a los inquilinos por parte de las inmobiliarias y el tema de la imposición de garantías. La nueva ley de alquileres dice que el inquilino puede ofrecer dos tipos de garantías y que el propietario tiene que aceptar alguna de las dos. Hay inmobiliarias que imponen un tipo de garantía, sobre todo las que tienen acuerdos con empresas de seguros de caución”.
Debido a estas incongruencias también se expresó Gervasio Muñoz, militante de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, para el diario “Perfil” y comentó que esta ley es un avance enorme para los nueve millones de ciudadanos que alquilan pero que esto también significa que se enfrentarán a un desafío muy importante el cual es hacerla cumplir, ya que de parte de las inmobiliarias no tienen previsto respetarla y buscarán la manera de sacar ventaja ilegalmente.
Es necesario que para el próspero uso de esta Ley se hagan más efectivos los organismos de control, tales como la AFIP, ya que por lo que se puede observar no se “hiló fino” en ciertos detalles por lo que las anomalías siguen estando y perjudicando a las personas que no tienen un hogar propio.
Agostina Pozzi.