Desde hace varios años escuchar que alguien ocupó una casa o la usurpación de tierras es común en la Argentina, pero desde el comienzo de la pandemia, covid-19, este problema empezó a agravarse y se volvió cotidiano.
Desde hace algunos meses, se empezaron a visualizar muchas denuncias de ciudadanos preocupados, ya que había gente viviendo en su casa. Viralizado por la era de la tecnología podíamos ver forcejeos entre los propietarios y los ocupantes, y en el medio la policía sin hacer nada. Suena incomprensible que en un país en donde existe la propiedad privada ocurran este tipo de cosas y no se pueda hacer nada para defender lo propio.
En la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Conurbano fueron tomadas 4300 hectáreas. Predios donde se iban a construir barrios privados, casas y hasta complejos de viviendas sociales. Desde el comienzo del año hay más de 1800 denuncias judiciales por usurpaciones, en donde la policía realizó 868 procedimientos y se detuvieron a 524 personas, que fueron liberadas a los pocos días.
Según la información que pudo acceder el medio Infobae, las zonas más afectadas a las tomas de tierra fueron: La Plata, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, Partido de La Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Moreno, Presidente Perón, Malvinas Argentinas, Quilmes, Avellaneda, Pilar, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Bahía Blanca, San Martín, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Zárate, Junín, San Fernando, entre otros.
En el gobierno hubo posturas diferentes, para Sabrina Frederic, ministra de seguridad de la Nación, esta problemática no es un tema de seguridad sino de déficit habitacional. Mientras que por el contrario, Sergio Berni, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires advirtió que todo aquel que no respete la propiedad privada iba a ir preso. Desde el primer minuto la disputa entre ambos ministros y sus diferentes opiniones en varias temáticas de seguridad son públicas y trajo muchas repercusiones.
En el código penal, el artículo 181 dice que será reprimido con una pena de prisión de seis meses a tres años quien «despojare a otro» de la posesión o tenencia de un inmueble cuando este sea «por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad». Es decir, que debe existir algún tipo de violencia para que esto exista o sino no será penado.
¿Cómo es posible entonces que se usurpen tierras y nadie haga nada? El 21 de mayo de este año salió la ley 15.172, donde se suspenden los desalojos hasta el 30 de septiembre en la provincia. Esa norma está en el ojo de la tormenta, ya que teniendo una ley que protege a los usurpadores, se realizaron varias tomas, muchas de las cuales fueron muy violentas.
Hace dos semanas, uno de los líderes de la barra de River Plate murió a causa de un enfrentamiento a tiros por una toma de tierras en Moreno. Según fuentes policiales había ido a su terreno a cambiar el candado, cuando un grupo de personas intentó entrar y ahí se produjo la disputa.
Este conflicto incluso llegó a afectar el servicio de trenes del ferrocarril Mitre, del ramal Victoria-Capilla. Muchos días fuera de funcionamiento por una ocupación ilegal en los talleres de la estación Victoria. Decenas de familias se asentaron y dividieron las parcelas entre ellos. Desde trenes argentinos se presentó la denuncia correspondiente y se espera avances en la causa para poder restablecer el servicio.
Otros de las polémicos tomas de estos días, es la situación que se vive en Guernica. Más de 2000 familias ocuparon 100 hectáreas del partido de Presidente Perón. La intendenta en varias oportunidades expresó que las ocupaciones fueron impulsadas por movimientos sociales o partidos políticos de izquierda. Además aseguró que todos los terrenos tomados son privados. Hace pocos días, la Cámara de apelaciones de La Plata ordenó el desalojo de las tomas de tierra de Guernica. Un día después, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, pidió que se arme un protocolo para que esto sea de la forma más pacifica que se pueda.
En los próximos días se espera que se puedan dar los desalojos en forma pacífica, y que esta crisis social y económica que estamos viviendo no tape los derechos fundamentales como es la propiedad privada y el poder convivir como sociedad.