Luego de la polémica que se generó en torno a las excarcelaciones, legisladores de Juntos Por el Cambio pidieron un juicio político para el juez Víctor Violini, por los otorgamientos de prisión domiciliaria.
Los legisladores que firmaron el pedido de jury, son Juan Pablo Allan (PRO), José Andrés De Leo (Coalición Cívica), Claudia Rucci (Peronismo) y Sandra París (UCR). Estos acusan al integrante del tribunal de casaciones bonaerenses de “graves faltas, irregularidades e ilegalidades que demuestran que debe ser destituido, habida cuenta que ha incurrido en mal desempeño en el cargo y que ha desoído el mandato legal que inspira su desempeño”. Además, sostienen que según el artículo 21 de la ley 13661, cometió diversas faltas tales como “incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, cometió graves irregularidades en los procedimientos a su cargo y perpetró acciones de parcialidad manifiesta todo lo cual implican defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura”.
“Decidimos avanzar en un pedido de Jury al juez Violini que, a nuestro entender, reúne todas las causales para ser destituido de su cargo. Mal desempeño de sus funciones, la comisión de delito de Prevaricato, y una clara intención de aprovechar una situación de excepción, producto de la pandemia, para ordenar personalmente la liberación de violadores, asesinos e integrantes de bandas delictivas”, resaltó Juan Pablo Allan, respecto al pedido de juicio.
Juan Pablo Allan, uno de los legisladores que realzó el pedido de juicio político.
A este pedido, se sumó la ONG Usina de Justicia. Una organización que protege los derechos de víctimas de delitos, con el patrocinio del abogado penalista Fernando Soto. La ONG llevó el pedido a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento del Senado bonaerense. «La circunstancia de emergencia sanitaria producida por el Covid-19, ni la situación producto de la sobrepoblación carcelaria justifican una alteración total del orden constitucional y legal», expresó la entidad mediante un comunicado.
El magistrado aceptó los argumentos relacionados a las excarcelaciones, de 19 defensores públicos el pasado 8 de abril. Uno de los casos que lo puso en el ojo de la tormenta, fue el de un hombre de 67 años acusado de violación a una menor. Este obtuvo la domiciliaria por formar parte del grupo de riesgo.
Inmediatamente de haber saltado su nombre en los pedidos de domiciliaria, habló de quienes podían acceder al beneficio, tales como los mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves.
Además el 30 de marzo pasado permitió que los reclusos del Sistema Penitenciario Bonaerense tengan teléfonos móviles en los penales provinciales. Este beneficio lo obtuvieron también detenidos en las comisarías. Pero 5 días más tarde de este fallo, la diputada de Juntos por el Cambio Carolina Píparo, denunció que fue amenazada por las redes sociales por Carlos Moreno, uno de los procesados por haberle disparado en el año 2010 durante una salidera bancaria en La Plata.
Después de la explosiva reacción de los medios y de la sociedad, la Corte Suprema revocó el fallo de habeas corpus colectivo, otorgado por el magistrado. Así dispuso que la situación de cada detenido sea “reencauzada” para que un juez competente a la situación, según lo que considere la Corte Suprema, revea la situación en cuestión.
Desde el centro de la tormenta, Víctor Violini en su defensa dijo que: «Es un pedido político, no se puede enjuiciar a un juez por el contenido de sus fallos. Soy el chivo expiatorio en esto, pero la acordada fue de todo el tribunal. Se necesitaba hacer un acting».
La llegada del coronavirus al país causó un cambio en la actitud de los presos. La sobrepoblación en las cárceles y los pedidos de liberación de pacientes de riesgo, llevó a la situación actual que vive el juez y quien espera la resolución de su situación.