Tras la liberación de los corralones de materiales de construcción y de las obras públicas para que puedan desarrollar sus actividades durante la cuarentena, se generó un gran dilema en el rubro de la construcción por no habilitarse las obras privadas.
El gobierno oficializó el plan “Argentina hace”, que permite el trabajo de las obras públicas, con el fin de reducir el impacto económico y generar más de 20 mil empleos. Este proyecto había sido creado antes que se decretara el aislamiento obligatorio y, después de un tiempo de espera, este mes se puso en práctica.
Sin embargo, la liberación de la obra pública implica un problema para el Estado, puesto que la demanda que generan es muy inferior a la oferta que existe por parte de los corralones. De hecho, hay miles de productores que tienen sus materiales fabricados y no pueden vender por la falta de pedidos.
El Senador nacional Julio Cobos presentó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo que autorice las obras privadas y las incorpore a las actividades exceptuadas que detalla el DNU 297/2020. Al respecto, fundamentó: «solicitamos que las obras privadas sean incluidas en el listado de actividades y servicios declarados esenciales durante la emergencia. Entendemos que son actividades productivas que ayudarían a paliar la crisis desde el punto de vista económico, con bajo impacto en la circulación de personas en espacios públicos y con buen impacto en la economía familiar de los obreros de la construcción y afines”. Cobos expresó que la obra pública es escasa en comparación con la producción de materiales y por ello es que se debe permitir el desarrollo de las privadas.
También aclaró que, en caso de adoptarse esta medida, se deberán cumplir reglas estrictas para la prevención, tanto en la actividad como en la movilidad que requiere. Sugirió que, de ser necesario, se podría prohibir la utilización del transporte público para estos trabajadores.
Esta postura se vincula con la gran cantidad de afiliados al gremio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA): si se liberaran las actividades, un mayor movimiento de gente podría generar consecuencias en la curva de sanidad. Por ese motivo, en caso de aceptarse, se deberá cumplir el protocolo de recomendaciones prácticas para la industria de la construcción y aumentar los controles para regular el cumplimiento, a través de inspectores.
