Uno de los países más prósperos de América Latina. En los últimos 30 años evitó grandes crisis económicas y logró bajar la pobreza del 40% a menos del 10%. Chile era puesto como un modelo para la región. Los indicadores macroeconómicos brillaban, pero escondían el descontento de una población abandonada por una clase política elitista.
El 50% de la población gana menos de $570 dólares por mes. No parece un número tan bajo, pero hay que tener en cuenta que en Chile el Estado interviene poco. El Mercado es el que rige, es decir, si se necesita un servicio, se debe pagar por ello.
Si bien la salud es pública, ésta no es de calidad y no cubre todas las enfermedades. La educación pública no tiene gran nivel; si no se costea una educación privada, es difícil llegar a la Universidad, causa de la poca movilidad social. Y las jubilaciones son de miseria; el 80% cobra pensiones por debajo del sueldo mínimo.
El estallido con repercusión internacional comenzó cuando a principios de Octubre el presidente Sebastián Piñera anunció el aumento del precio del Metro de Santiago de 800 y 830 pesos chilenos. Los primeros en reaccionar fueron los estudiantes de la escuela secundaria y universidad, los cuales promovieron a través de las redes sociales saltar los molinetes a modo de protesta.
Este acto de desobediencia civil se hizo masivo y se extendió a otros sectores de la población. La policía actuó violentamente frente a los pasajeros que intentaban evitar pagar el boleto y ésto generó la furia de la ciudadanía, que salió a las calles a manifestarse.
La situación se fue agravando. Hubo quemas de metros y buses, saqueos a comercios y acciones violentas en espacios y edificios públicos. “No es por 30 pesos, es por 30 años”, era el principal lema. El aumento de la tarifa del transporte fue la gota que rebalsó el vaso. Visibilizó el malestar que hay con respecto al modelo económico, político y social que tiene como principal característica la desigualdad. El 1% más rico de la población se queda con el 26,5% de la riqueza.
El gobierno tuvo a la represión como premisa. Se declaró estado de emergencia y se les delegó a los militares la tarea de restablecer el orden público. Carabineros atacando y encarcelando a manifestantes (y no manifestantes) fueron imagen repetida en los noticieros no sólo de Chile sino del mundo. Y Piñera, lejos de calmar las agua, declaró “Estamos en guerra”. Luego se arrepintió, anunció medidas sociales para destrabar el conflicto, pero éstas no evitaron que los disturbios acabaran.
La mayor crisis política y social que vive el país desde el regreso de la democracia en 1990 dejó consecuencias nefastas; según números proporcionados por el Instituto de Derechos Humanos, organismo público y autónomo, el resultado del conflicto dejó 3162 personas detenidas, 997 heridos, 5 muertos por agentes de seguridad y 44 denuncias judiciales por torturas, detenciones ilegales y violencia sexual en comisarías. Números que describen un atentado a los derechos humanos.
Sebastián Rojas
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