Luego de dos rechazos y eventuales modificaciones, se logró la media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación a la ley de góndolas, impulsada por la oposición. Además de fomentar la competencia en los supermercados y dar fin a los abusos por parte de las grandes empresas, el proyecto sugiere fijar un porcentaje en los espacios que ocuparán los productos en las estanterías de los centros de compras. De esta manera, un producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte lugar con otros de similares características. Además los productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena deberán tener un espacio adicional del 5%.
A la espera de la respuesta de los Diputados, distintas asociaciones expresaron su rechazo al proyecto y explicaron cómo afectaría a los consumidores.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham) afirmó en un documento al respecto que si se rige esta ley, el principal efecto sería menos libertades y mayores costos para el consumidor: «Esto genera complicaciones operativas, lo cual se traduce en una mayor dificultad para mantener precios bajos por la falta de eficiencia», aclararon. En línea con este pensamiento, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) planteó que se generaría una «escasez de productos» que «conlleva a incrementos de costos efectuados directamente en los consumidores».
Por parte de Walmart, no renuncian a la posibilidad de que se les convoque para explicarles la lógica de la ley. Aclaran que hoy en día ellos garantizan que «el cliente encuentre lo que quiere» cuando va a buscarlo sin tener que gastar en reposición, y los efectos de la ley «cambiarían eso».
Según informó Infobae, la Cámara de Comercio Norteamericana también advirtió que el proyecto abre la puerta a controversias internacionales por ir en contra de lo que el país se ha propuesto en tratados internacionales y que un proyecto así dificultaría los tratos con productos importados.
El asunto legal está en manos de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que se concentra para evitar el avance de la ley pero, a su vez, ya están evaluando alternativas por si no se da lugar a su reclamo.