Exactamente a las 6.51 de la mañana ingresaron llamados a la policía alertando que habían baleado al diputado de la UCR por La Rioja, Héctor Olivares. No fue la única víctima: Olivares estaba acompañado por Miguel Yadón, coordinador de obras del Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico Federal, quien falleció en el acto.
Lo más curioso e impactante de este caso es que fue en la Plaza del Congreso de la Nación, una de las más custodiadas del país. Más aún: cuando el primer policía acudió al lugar de los hechos, quien disparó el arma todavía estaba en su Volkswagen Vento color gris, patente LYS 656, al lado de sus dos víctimas.
El hecho se difundió rápidamente en todos los medios de comunicación. La primera especulación fue que era un crimen político relacionado a la Ley Antibarras, en la cual trabajaba Olivares. Luego desestimaron esto y tomó fuerza la teoría de que el crimen se vinculaba con su cargo como presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados.
Cuatro días después falleció Héctor Olivares, quien se encontraba internado en el hospital Ramos Mejía. El presidente Mauricio Macri decretó un duelo de 48 horas y junto a demás políticos dieron lamentaron el hecho y pidieron el esclarecimiento del caso.
Con más especulaciones que certezas, se supo que los sospechosos del crimen son siete. Se identificó rápidamente a Juan José Navarro Cádiz, apodado “Cebolla”, quien ejecutó el disparo con su propia pistola calibre 40, que fue hallada en su domicilio en la calle Montevideo 76, a una cuadra del lugar de los hechos. En el barrio de Monserrat también se hallaron varias armas y municiones en la casa de la madre de “Cebolla”, quien fue detenida junto a su hijo en Uruguay.
Por otro lado, Miguel Navarro Fernández, padre de Navarro Cádiz, fue detenido junto a Juan Jesús Fernández, el titular del auto involucrado en el hecho. Los apresaron en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y se cree que huían también a Uruguay en un viejo Renault 19, propiedad de “Cebolla” Navarro Cádiz.
Sin embargo, este no es el único caso de asesinatos premeditados en Argentina y quizás, también, por razones políticas, quedaron sin resolver.
En marzo de 1995, el hijo de Carlos Saúl Menem, Carlos Saúl Facundo Menem, murió en un polémico accidente aéreo en un helicóptero que tenía a su disposición. Su padre nunca habló de un atentado, pero sí lo hizo su madre, Zulema Yoma, junto a su hija Zulemita. Ambas avanzaron en la investigación y juntaron pruebas para aclarar el caso y hacer justicia. Según denunciaron, no se hizo el peritaje correcto ni hubo autopsias, y hubo orificios de bala que el juez del caso no quiso reconocer.
Otro caso que aún no se aclaró es el de Julio López, un desaparecido en democracia durante la presidencia de Néstor Kirchner. Una de las causas que se abrieron por delitos de lesa humanidad fue contra Miguel Etchecolatz, y fue López quien atestiguó en el juicio sobre los crímenes que se le imputaban al represor.
El 18 de septiembre de 2006 se desconoció el paradero de López, casualmente un día antes de la condena a Etchecolatz en La Plata. No hubo rastros de su desaparición. Su sobrino iba a pasarlo a buscar por su casa en Los Hornos para asistir al tribunal por los alegatos del juicio. Caminó varias cuadras y varios testigos dijeron verlo, el último fue su vecino, Abel Horacio Ponce.
León Arslanián integró el tribunal que en 1985 condenó a los militares que gobernaron el país durante la dictadura cívico-militar, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, desde 1976 hasta 1983. El Juicio a las Juntas informó años después que en el caso de López había un cúmulo de indicios que apuntaban al grupo de tareas sobrevivientes del ex jefe de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz.
Las sospechas sobre Etchecolatz crecieron en 2014, cuando un fotógrafo retrató un papel que tenía en sus manos y decía «Jorge Julio López secuestrar», durante la condena en otro caso de violación de derechos humanos.
Un caso anterior es el de Carlos Washington Lencinas, político argentino, gobernador de Mendoza entre 1922 y 1924, que murió asesinado en 1929, en circunstancias que nunca se esclarecieron. El crimen del entonces senador nacional se atribuye al grupo paramilitar Klan Radical, fuerza de choque de una fracción de la UCR.
Estos son algunos de los casos que nunca se resolvieron y quedaron en la historia negra de nuestro país.