Fue una semana complicada en la vida cotidiana de la sociedad, plagada de alertas por la presencia de explosivos en diferentes espacios públicos. La última ocurrió el día jueves y el personal policial debió inspeccionar la estación de Once por una nueva amenaza de bomba.
Efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal trabajaron en el lugar realizando una inspección a la espera del arribo de la Brigada de Explosivos. Fuentes policiales informaron que no se evacuó el lugar.
Esto provocó demoras en la línea de tren Sarmiento, que circuló durante más de 40 minutos con un servicio limitado entre Caballito y Moreno.
Durante el lunes y martes de esta semana se contabilizaron al menos diez amenazas por explosivos, que forzaron a evacuar la Casa Rosada, el anexo de Diputados del Congreso de la Nación, las líneas de trenes Belgrano Norte, Mitre, San Martín y Roca, y la estación Constitución. Lo propio sucedió en el canal de televisión Telefé y el Hospital Santojanni.
El vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Seguridad, Diego Santilli, declaró ante la prensa que van a buscar y detener a los responsables de estas falsas advertencias que generan preocupación y complicaciones en la población. «El daño que le hacen a la gente es muy grande. Son personas que esperaron durante varios días los turnos en los hospitales o que después de todo el día de trabajar quieren viajar a su casa. No se entiende qué calidad de personas pueden hacer esto, los vamos a buscar y los vamos a meter presos», prometió Santilli en la entrevista que tuvo con radio La Red.
Por su parte, el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, señaló que «en época electoral se incrementan estos tipos de llamados», aunque sostuvo que «de las investigaciones que hemos realizado no hay un hilo conductor ni una motivación política, pero si se produce una especie de contagio en este tipo de actitudes».
Y agregó que «el año pasado tuvimos una ola de llamadas pero se daban en las escuelas y trabajando junto a la brigada de investigaciones y con cibercrimen, detectamos varios casos; de hecho, se lograron allanamientos y se elevó a juicio a muchos de estos individuos».
A los responsables de las amenazas, «los han hecho trabajar realizando tareas comunitarias ligado a lo que es la emergencia y también se le ha dado sanciones pecuniarias», finalizó D’Alessandro
Por otro lado, estos delitos, que provocan el movimiento de una fuerte logística, tuvieron un aumento significativo los últimos años. Según los datos de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, los delitos contra el orden público registraron una suba del 695% entre 2016 y 2017. De 480 hechos en 2016 se pasó a 3819 en 2017. Las instrucciones penales preparatorias iniciadas por este delito correspondían en 2016 al 2,9% cada 100.000 habitantes. En 2017, ascendieron a 22,4% cada 100.000. En los próximos meses se conocerá la evolución de estos hechos entre 2017 y 2018, pero se descuenta que se sostuvo un importante número de amenazas falsas: solo en el primer semestre de 2018 se registraron 1368 llamadas al 911. El segundo semestre fue mucho más elocuente en lo que respecta a la suspensión de clases por estas advertencias, pese a que las cifras oficiales no se difundieron aún.
Fuentes judiciales dieron a entender que la inmensa mayoría de los autores identificados son menores de edad, que no son punibles penalmente por el delito. Pero una vez que el Estado logra acreditar que desde el teléfono de un adulto se produjo la amenaza puede iniciar una demanda civil al padre del menor. En muchos casos se pide una inhibición general de bienes. Luego se tramita una causa civil. Por citar un ejemplo, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta investigó y logró esclarecer muchos de estos episodios. Hubo casos en que el mismo menor registró hasta 30 delitos por intimidación al orden público. En ese caso, por ejemplo, sus padres podrían ser demandados por casi $2 millones.
Germán Vitello