Un total de 707 personas son procesadas por delitos de corrupción en el marco de la criminalidad organizada, informó la coordinadora nacional del Sistema Especializado en Delito de Corrupción de Funcionarios (SEDCF), jueza superior Susana Castañeda Otsu. Esta cifra incluye a cómplices, quienes según el Ministerio Público no necesariamente son funcionarios públicos, sino que también incluyen a empresarios y abogados particulares.
Castañeda confirmó que el sistema anticorrupción, con competencia nacional desde el inicio de su funcionamiento el 31 de marzo de 2017, registra 26 expedientes, la mayoría de los cuales está en etapa de investigación preparatoria (primera etapa del proceso judicial). En total, 18 de ellos figuran en ese estado, tres en fase intermedia (control de acusación), tres en juicio oral y dos en apelación de sentencia.
Las investigaciones preliminares del SEDCF han resuelto requerimientos de medidas cautelares en 60 casos. Entre estos fueron atendidos pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, de las comunicaciones, así como allanamiento, incautación y detención preliminar.
Los jueces del SEDCF están habilitados también en los casos Odebrecht, Club de la Construcción, los aportes recibidos por la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Los presuntos hechos de corrupción del ex presidente regional del Cusco, Jorge Acurio Tito. Además, los casos conocidos como Antalsis, organización criminal presuntamente liderada por Martín Belaúnde Lossio, y La Centralita, que involucra al ex gobernador regional de Ancash, César Álvarez Aguilar.
El último expediente ingresado al sistema anticorrupción es el de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que involucra a 13 integrantes, quienes son investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, y otros en agravio del Estado.
El Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones está en la fase de deliberación para emitir su decisión esta semana, tras la audiencia de apelación a la prisión preventiva de 36 meses impuesta a los investigados.
Diaz Gaston Ariel