El GTDA (Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias) de la ONU visitó 19 cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires, Jujuy y Chubut, donde entrevistó alrededor de 200 convictos y algunas autoridades de los ministerios de Seguridad, de Justicia y miembros de Migraciones. Luego de su visita, el organismo publicó un comunicado titulado «Hallazgos preliminares de la visita a Argentina», una muestra primaria de lo que el GTDA expondrá finalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2018. Las conclusiones en el comunicado no fueron agradables.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias es uno de los tantos organismos de la ONU, un grupo de expertos que controla las condiciones de arresto y encarcelamiento de todo el mundo. Depende del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y tiene sede en Ginebra, Suiza.
El organismo sostuvo, por ejemplo, que la policía actúa con mucho poder para privar a personas de su libertad sin tener pruebas concretas y a veces solamente basándose en la sospecha o verificando la identidad principalmente en chicos de la calle, “minorías”, inmigrantes o alguno que elijan ellos al azar.
Según se leyó en el comunicado, «el GTDA está alarmado por el uso de comisarías para alojar detenidos por largo tiempo» y sostuvo que hay hombres que son arrastrados desnudos a celdas de castigo en penales a la mitad de la noche, donde son sedados para dormir.
El organismo tuvo una ayuda importante para sacar sus conclusiones, en fue un informe que le entregó la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que es conducida por el Dr. Mario Coriolano y realiza una tarea muy parecida a la del Grupo de Trabajo, controlando, monitoreando e investigando cárceles y comisarías y recibiendo denuncias de torturas de los convictos.
El informe que la Defensoría entregó al Grupo de Detenciones Arbitrarias llega en el momento con más detenidos en toda la historia de la provincia en comisarías y penales: 38.089, de acuerdo a cálculos del CELS basados en información de los ministerios provinciales de Seguridad y Justicia.
«El sistema penitenciario bonaerense se encuentra colapsado, impactando en el alto nivel de hacinamiento sin modificación sustancial de la estructura», asegura el informe, y agrega: «La incapacidad del sistema de cárceles para alojar al número de personas produce el desborde de la situación hacia las dependencias policiales, que no poseen la infraestructura para asegurar condiciones dignas de detención».
El ministerio de seguridad bonaerense, a cargo de Cristian Ritondo, sostiene que la permanencia de detenidos en las comisarías se debe a que los penales no dan abasto con los presos.
Martín Fernández