Las cinco ONG que integran el Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema para controlar sus disposiciones en torno al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cuestionaron con dureza la resolución de Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo) de permitir arrojar sustancias prohibidas al mismo, por lo que decidieron reunirse con la presidente, Gladys González, a la cual le presentaron varios documentos. Uno de ellos, el que analiza la resolución 46/2017 que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, es decir, lo que tienen permitido contaminar las empresas.
Los elementos en cuestión son altamente tóxicos: aldrin, clordano, ddt, dieldrín, endosulfán, endrín, heptacloro, lindano y paration. La mayoría fueron prohibidos en los años 90, aunque muchos ya figuraban en leyes de hace décadas.
Las tablas de límites que figuran en los anexos de la resolución sumaron siete contaminantes orgánicos persistentes ya mencionados a los elementos tóxicos que ya estaban autorizados.
«No se explica ni puede advertirse cuál es el propósito de establecer límites permitidos de concentración para sustancias que nunca deberían ser vertidas. Se trata de sustancias que tienen restricciones y prohibiciones en legislaciones de distintos países, incluyendo el nuestro», se leía en los documentos de la ONG.
En la reunión, Gladys González explicó que se incluyeron esos parámetros para que los inspectores lo verifiquen y prometió reformar la resolución.
Otra cuestión que alarmó a las ONG es que la resolución establece que para ninguno de los usos de la cuenca es relevante controlar la presencia de varios contaminantes orgánicos como arsénico total, cadmio total o mercurio total, y esto va en contra de las futuras metas de la calidad del agua que se aspira a llegar.
Y por último, también revisaron la manera de medir los aceites y las grasas detectados en el Riachuelo, ya que no deberían estar presentes en concentraciones detectables a simple vista o que transmitan olor, lo cual no se cumple.
Martín Fernández