El fiscal federal Jorge Di Lello investigará a otras personas y sociedades que podrían estar vinculados en la compra de dólar futuro.
El fiscal de la causa pidió ampliar la investigación e imputó al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; a uno de los directores del Banco Central, Pablo Durat, y al asesor presidencial José Torello. También investigará a las firmas de Nicolás Caputo, amigo íntimo del presidente y uno de los principales contratistas del Estado, y a Chery Socma SA (propiedad del Grupo Macri).
La causa, a cargo del juez federal Sergio Torres, se inició a través de una denuncia del 13 de abril de un grupo de diputados del Frente para la Victoria, que pidieron que se investigue quiénes compraron dólar futuro en noviembre del año pasado y quiénes decidieron devaluar la moneda en diciembre. Además, aseguraron que los verdaderos responsables del daño económico fueron el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el juez Claudio Bonadio, quien tiene imputada a la ex presidente Cristina Fernández por el mismo motivo.
También, Di Lello se refirió en su presentación a lo expresado por el abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, quien denunció que Quintana «habría sido uno de los funcionarios intervinientes en la decisión del precio de referencia con el cual se cancelarían los contratos del Mercado a término de Rosario (ROFEX)».
«Quintana se desempeñó como director de la firma Farmacity y CEO del fondo Pegasus, con los cuales habría adquirido dólares a futuro por un monto de 11.480.000 dólares», agregó el fiscal.
El dólar futuro es una operatoria en la que se pacta con inversionistas un valor a término en pesos de la moneda norteamericana, que tiende a dar certidumbre a la cotización de esta divisa. El precio pactado fue de $10,65 pero con la devaluación del gobierno macrista, el dólar se fue por encima de $14. Al tener que pagar la diferencia, el Banco Central perdió hasta ahora alrededor de $55.000 millones de pesos.
En octubre del año pasado, ante el récord de compras de este dólar y una posible amenaza al patrimonio del BRCA, los por entonces diputados del PRO y la UCR, Federico Pinedo y Mario Negri, respectivamente, denunciaron al presidente del Banco Central de ese momento, Alejandro Vanoli. La causa recayó en el juez Claudio Bonadio, quien también imputó a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y al ex ministro de Economía, Axel Kicillof.